Posicionamiento de FEPA en relación a la acogida y protección de personas menores de edad en movimiento

FEPA ha emitido el siguiente comunicado

Desde FEPA, federativa no lucrativa de referencia en España que desde el año 1999 representa y aglutina a las entidades que promueven la emancipación de la juventud sin apoyo familiar en España, especialmente de la juventud tutelada y extutelada, reconocemos la complejidad del debate generado en las últimas semanas en relación a la propuesta del Gobierno central de modificación de la Ley de Extranjería para activar una acogida equitativa de niños y niñas en movimiento entre todas las comunidades autónomas cuando una de ellas vea excedida su capacidad en un 150%, y abordamos esta cuestión desde la perspectiva de derechos y basándonos, por tanto, en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña adoptada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por España en 1990 cuyo artículo 3 señala: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”.

Partimos de la base de que detrás de un proceso migratorio de personas menores hay una situación de huida de conflictos armados, persecución, pobreza extrema, violencia de diversa índole o, sencillamente, buscando un futuro mejor y de que su llegada a un país extranjero sin la compañía de personas adultas referentes hace que se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por ese motivo, desde FEPA abogamos por:

1. Blindar los derechos de la infancia y las personas jóvenes. Toda Administración tiene la obligación de garantizar los derechos de la infancia y las personas jóvenes que no hayan cumplido la mayoría de edad en cualquier contexto, ordinario y de emergencia.

Dar cumplimiento a la Convención de los derechos del niño y la niña no se reduce a proporcionar una solución habitacional temporal –menos aún cuando ésta se da en condiciones insalubres, indignas e inhumanas–, sino que se debe poder brindar una atención y un acompañamiento personalizado que permita cubrir las necesidades básicas de cualquier ser humano.

2. Actuar de forma planificada. La presión migratoria en las fronteras exteriores de la Unión Europea, motivada por la inestabilidad política y social en muchas zonas de África, no es un fenómeno nuevo ni una situación que tenga visos de frenar.

Ante esta realidad, es imprescindible consensuar una estrategia de acogida que supere la lógica de la emergencia y la improvisación y diseñar una estrategia de actuación que sea garante de un trato y un acompañamiento digno y humano.

3. Disponer de un registro de datos unificado. Es incomprensible que en la era de la transparencia, España carezca de un registro unitario fiable que permita conocer en tiempo real el número de personas menores de edad que han sido acogidas en cada territorio. Esta situación contribuye al uso y la instrumentalización política de estas personas e impide una actuación planificada.

4. Humanizar los procesos migratorios. A menudo, en situaciones de emergencia se generan, de manera interesada, bailes de cifras y se recurre a conceptos despectivos para ocultar la cara humana de la realidad. Un hecho que alimenta el estigma y la discriminación, fomenta la criminalización, dificulta la comprensión social de la realidad y contribuye a la deshumanización. En las últimas semanas se ha recuperado de manera torticera el concepto ‘MENA’ y se ha hablado de ‘reparto’ y ‘distribución’ de niños y niñas, de personas menores de edad, reduciéndolos a mera mercancía.

5. Apelar a la corresponsabilidad y a la solidaridad. Es indignante e impropio de un Estado de derecho abordar la acogida de personas menores en términos de mercadeo entre territorios. Estos debates conducen a usar estas personas como armas políticas. Por eso, hacemos un llamamiento a la corresponsabilidad de toda la ciudadanía. Garantizar la plena inclusión de estas personas no es competencia exclusiva de las administraciones (estatal, autonómica y local), sino una cuestión que nos interpela a todas las personas como sociedad.

6. Garantizar fondos suficientes para la plena inclusión de las personas menores de edad. Inmigración es una competencia exclusiva del Estado, por tanto es obligación del Gobierno central garantizar los fondos suficientes para que desde las comunidades autónomas se pueda acoger y proteger a estas personas.

Esta partida presupuestaria no puede limitarse a la acogida inicial, sin que debe prever que la plena inclusión social de estas persona pasa necesariamente por proporcionar un itinerario personalizado que permita adquirir y conseguir los medios personales y materiales necesarios para poder llevar a cabo una vida autónoma.

7. Reconocer el derecho al itinerario de emancipación de la juventud extutelada.
La llegada de personas jóvenes migrantes menores de edad acentúa una realidad todavía plausible en muchos territorios: las persones jóvenes que proceden del sistema de protección no tienen garantizado el derecho al acompañamiento más allá de los 18 años.

Extinguir los apoyos a una persona que ha estado tutelada por la administración al alcanzar la mayoría de edad supone abocarla a la pobreza y a una situación de exclusión social extrema.

Con este posicionamiento, FEPA quiere contribuir a una gestión de la acogida de personas menores de edad migrantes que llegan a España solas que sea garante de los derechos humanos. No en vano, somos conscientes de que es un fenómeno global que exige una respuesta global.